19/11/2026 - Edición Nº693

Nacional

DEBATE LEGISLATIVO

Reforma de Sociedades y Súper RIGI: crece el debate por las inversiones

07:25 | El Senado reunió a especialistas para analizar dos iniciativas impulsadas por el oficialismo que buscan modificar el marco societario y ampliar los incentivos a grandes inversiones. Durante las exposiciones surgieron cuestionamientos sobre el control estatal, la autonomía provincial, el impacto ambiental y la seguridad jurídica.


por 7ma Medios


El Senado avanzó este miércoles con el debate en comisión de dos proyectos centrales para la agenda económica del Gobierno: la reforma de la Ley General de Sociedades y el denominado Súper RIGI, un nuevo régimen de incentivos destinado a captar inversiones de gran escala.

La jornada incluyó exposiciones de especialistas, representantes provinciales, investigadores y referentes de organizaciones civiles, con posiciones contrapuestas sobre los alcances de ambas iniciativas y sus posibles consecuencias para el país.

Por la mañana, la Comisión de Legislación General, que preside la senadora de La Libertad Avanza Nadia Márquez, recibió a 14 invitados para discutir la reforma societaria impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Por la tarde, un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General abordó el proyecto del Súper RIGI, que ya cuenta con media sanción de Diputados.

Una reforma que divide opiniones

La iniciativa sobre la Ley General de Sociedades propone reemplazar el marco vigente desde 1972 por un nuevo esquema con menos controles, mayor autonomía empresarial, nuevas estructuras societarias y mecanismos automatizados para la constitución y organización de compañías.

Entre sus propuestas figuran las denominadas sociedades autónomas operativas. Sturzenegger defendió el proyecto y tomó como referencia el modelo irlandés, con el objetivo de facilitar la radicación de empresas internacionales y generar condiciones más atractivas para los negocios.

Sin embargo, varios especialistas plantearon objeciones constitucionales, registrales y regulatorias. Entre los principales cuestionamientos aparecen posibles conflictos con las competencias provinciales, el alcance de los controles sobre las sociedades y el cumplimiento de estándares internacionales contra el lavado de activos.

El abogado y profesor titular de Derecho Comercial de la UBA, Eduardo Favier Dubois, criticó el alcance de la propuesta y advirtió sobre sus consecuencias para los acreedores.

“Desliza el modelo societario, corre sus límites, hasta un punto que perjudica a los acreedores”, sostuvo Favier Dubois, quien reconoció algunos aspectos positivos, aunque consideró que el texto no reúne condiciones para reemplazar la legislación actual.

En la misma línea, la doctora en Derecho Patricia Fernández Andreani, de la Universidad Nacional del Comahue, cuestionó la falta de debate sobre compromisos internacionales que las grandes empresas deben asumir en materia de ambiente, derechos humanos, criterios ESG y equidad de género.

En cambio, el abogado Manuel Tanoira, socio fundador del estudio Tanoira Cassagne, respaldó algunos artículos de la reforma. Destacó el apartado que impide a los funcionarios públicos arrogarse funciones judiciales, una disposición que consideró relevante frente a los conflictos que atravesaron las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS).

El especialista en Derecho Empresario Carlos Molina Sandoval sintetizó los principales objetivos del proyecto en cuatro ejes: flexibilización, autonomía, modernización societaria y seguridad jurídica.

Las provincias reclaman por sus competencias

El debate también expuso diferencias entre el Gobierno nacional y las jurisdicciones provinciales por el alcance de sus facultades en materia de registros y fiscalización societaria.

El inspector general de Justicia de La Rioja, Jacob Saúl, rechazó que la iniciativa avance sobre atribuciones que la Constitución Nacional reserva a las provincias.

“Bajo el argumento legítimo de modernizar, se avance sobre competencias que la Constitución Nacional reserva a las provincias”, cuestionó Saúl.

Por su parte, el director de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio de La Pampa, Guillermo Rubano, aseguró que las provincias ya implementan herramientas de simplificación administrativa, digitalización y transparencia desde hace varios años.

Su exposición puso en duda la necesidad de algunas modificaciones que propone el oficialismo y abrió otro frente de discusión sobre el alcance de la reforma y su aplicación en los distritos.

Tras concluir las exposiciones y sin más oradores anotados, Márquez cerró la reunión de la Comisión de Legislación General.

Súper RIGI: inversiones desde US$1.000 millones

El segundo proyecto que concentró la atención del Senado fue el Súper RIGI, que establece un piso de inversión de US$1.000 millones por proyecto. La cifra quintuplica los US$200 millones que exige el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) vigente desde 2024.

La iniciativa también establece un plazo de cinco años para solicitar la adhesión. El oficialismo apunta a captar capitales en sectores estratégicos, entre ellos tecnología y minerales críticos, con incentivos destinados a emprendimientos de gran escala.

El senador Agustín Monteverde, de La Libertad Avanza y titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, coordinó el plenario conjunto. Tras las exposiciones, dispuso un cuarto intermedio sin dictamen.

Durante la discusión, el secretario de Gestión Ambiental y Registro Minero de San Juan, Roberto Moreno, recordó que las provincias conservan el control de los recursos naturales por mandato constitucional.

“Los recursos naturales que puedan utilizar están regulados y controlados por las provincias porque los recursos naturales son de las provincias por Constitución”, remarcó Moreno.

La investigadora del CONICET Luciana Ghiotto cuestionó el alcance del nuevo régimen y sostuvo que la propuesta profundiza riesgos que ya generó el RIGI original durante el debate de la Ley Bases.

En tanto, el abogado ambientalista Enrique Viale advirtió sobre la duración de los compromisos que establece el sistema y señaló que podría condicionar al país hasta 2056, además de limitar las facultades provinciales.

Reclamos por controles ambientales y beneficios económicos

Los expositores también exigieron mayor precisión sobre las actividades que podrán acceder al régimen, los beneficios fiscales y los mecanismos de seguimiento de los proyectos.

La directora de Relaciones Institucionales de CEPPAS, Florencia Gómez, alertó sobre la falta de definiciones respecto de las actividades económicas alcanzadas y sus consecuencias sobre el agua, la energía y las emisiones de carbono. Según planteó, esas omisiones dificultan el acceso de la ciudadanía a la información pública y justifican una evaluación ambiental estratégica.

Desde la provincia de Buenos Aires, el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar, pidió que el Congreso incorpore una evaluación oficial del gasto tributario y establezca condiciones vinculantes sobre integración local, inversión en investigación y desarrollo y vínculos con universidades.

También cuestionó la falta de precisiones sobre los efectos de los centros de datos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial. En ese sentido, Micaela Sánchez Malcolm, presidenta de la ONG Géneras y exsecretaria de Innovación Pública de la Nación, reclamó definiciones sobre los requisitos que deberán cumplir estas instalaciones.

El director de Economía de Fundar, Guido Zack, propuso un esquema de auditorías anuales que contemple el cumplimiento ambiental, el consumo de agua y energía, y la publicación de los resultados en un registro público.

Sin dictamen y con nuevas reuniones en agenda

El plenario pasó a un cuarto intermedio sin dictamen y el oficialismo deberá convocar a nuevas reuniones para intentar avanzar con el proyecto. El Gobierno busca destrabar el debate durante las próximas semanas, en medio de una agenda legislativa que también incluye otras reformas, como la electoral.

Las dos iniciativas concentran parte de la estrategia económica de la Casa Rosada para atraer capitales, reducir regulaciones y modificar las condiciones de funcionamiento de las empresas. Sin embargo, las exposiciones en el Senado dejaron en evidencia diferencias sobre el alcance de los cambios, las garantías institucionales y el rol de las provincias en el nuevo esquema.