06/11/2026 - Edición Nº680

Municipios

PRESIDENTE PERÓN

La Justicia le pone un freno a la Autopista Presidente Perón: 31 kilómetros siguen sin habilitar

07:45 | Un fallo federal ordenó a Vialidad Nacional reforzar las medidas de seguridad en los sectores inconclusos y revisar las defensas de los tramos abiertos. Mientras tanto, la Provincia de Buenos Aires reclama el traspaso de la obra para completar los 31 kilómetros pendientes y proyecta un esquema de administración y financiamiento a través de AUBASA.


por 7ma Medios


La Autopista Presidente Perón, una de las obras viales más importantes para la conectividad del conurbano bonaerense, volvió al centro de la escena tras una resolución judicial que expuso los riesgos de una infraestructura que todavía permanece inconclusa. La Justicia hizo lugar parcialmente a un amparo de la Provincia de Buenos Aires y ordenó a Vialidad Nacional reforzar las medidas de seguridad en los sectores que todavía no están habilitados.

El proyecto contempla 83 kilómetros de extensión y busca conformar el tercer anillo de circunvalación del Área Metropolitana de Buenos Aires, junto con la avenida General Paz y el Camino de Cintura. Sin embargo, al 4 de noviembre de 2026, apenas 52 kilómetros están habilitados y otros 31 permanecen fuera de servicio.

La resolución judicial no ordena reanudar los trabajos ni dispone el traspaso de la autopista a la administración bonaerense. Sí establece que Vialidad Nacional debe reforzar los cierres, la cartelería y las medidas de prevención en los sectores cerrados, además de revisar las defensas y los sistemas de contención en los tramos abiertos. El organismo cuenta con 15 días para informar qué acciones adoptó.

Un corredor estratégico para 12 municipios

La Autopista Presidente Perón fue diseñada para conectar el Acceso Oeste con la Autovía 2 y facilitar la circulación entre el norte, el oeste y el sur del conurbano sin necesidad de atravesar la Ciudad de Buenos Aires.

Su recorrido integra a San Isidro, General San Martín, Tres de Febrero, Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, La Matanza, Ezeiza, San Vicente, Presidente Perón, Florencio Varela y Berazategui.

El trazado comienza en el empalme del Camino del Buen Ayre con el Acceso Oeste y continúa hacia el sur, con conexiones previstas con la Ruta Nacional 3, la Autopista Ezeiza-Cañuelas, la Ruta Provincial 58 y la Ruta Provincial 53. El tramo final debe unir esta última con la Autovía 2, a la altura de El Pato, entre Florencio Varela y Berazategui.

El proyecto contempla dos carriles por sentido, banquinas, colectoras, distribuidores, iluminación, señalización y 35 puentes sobre cauces y calles. Una vez terminada, la infraestructura podría aliviar el tránsito de hasta 50.000 vehículos diarios, según las proyecciones de Vialidad Nacional.

Actualmente, los 52 kilómetros habilitados se extienden entre la Ruta Provincial 40, en Merlo, y la Ruta Provincial 210, en Guernica, partido de Presidente Perón.

Qué falta para completar la autopista

De los 31 kilómetros que todavía no están habilitados, aproximadamente 18,5 ya cuentan con la calzada construida, pero necesitan trabajos complementarios para permitir la circulación. Los otros 12,5 kilómetros dependen de la liberación de terrenos y de procesos de expropiación.

La Provincia estima que necesita alrededor de 45 millones de dólares para completar la infraestructura pendiente. Esa cifra representa una estimación de la administración bonaerense y no un presupuesto definitivo ni una adjudicación de obra.

La discusión también involucra las deudas con las empresas contratistas. Según información que el Ministerio de Economía de la Nación presentó ante el Congreso, a marzo de 2026 existían obligaciones pendientes por unos $10.054 millones en los primeros tres tramos.

Los 31 kilómetros pendientes representan el principal obstáculo para que la autopista cumpla su objetivo de conectar los principales corredores viales del conurbano.

El conflicto entre Nación y Provincia

La paralización de la obra abrió una disputa política y administrativa entre los gobiernos nacional y bonaerense.

Desde la Provincia sostienen que la falta de financiamiento nacional desde diciembre de 2023 impidió continuar con los trabajos y reclaman el traspaso de la administración del corredor para completar la infraestructura.

Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad informó que los primeros tres tramos estaban contemplados en el Presupuesto 2026 y registraban avances físicos superiores al 88%. Respecto del cuarto tramo, entre la Ruta Provincial 53 y la Autovía 2, el organismo señaló que no se había reactivado por cuestiones socioambientales.

El expediente judicial también incorporó dificultades vinculadas con expropiaciones, relocalizaciones, ocupaciones e interferencias de servicios públicos. Por eso, la situación no es idéntica en todos los sectores de la traza.

La causa judicial incluyó además la muerte de un niño en Merlo, quien cayó desde un puente de la autopista que, según la presentación provincial, no contaba con protección adecuada. No obstante, el juzgado aclaró que no encontró elementos para afirmar que toda la infraestructura presentara una situación uniforme de abandono.

AUBASA y el futuro de los peajes

En paralelo al reclamo judicial, el gobierno bonaerense impulsa un esquema para incorporar parte de la Autopista Presidente Perón a la órbita de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

La propuesta contempla que la Provincia asuma la administración del corredor y utilice un sistema de estaciones de cobro para financiar el mantenimiento y la finalización de los trabajos.

Desde el entorno del ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, remarcaron la necesidad de conseguir primero la transferencia de la infraestructura.

"Si Nación no la transfiere, no hay manera", sostuvieron desde el entorno del funcionario.

Sin embargo, el esquema todavía presenta interrogantes. En agosto, Katopodis había planteado que la Provincia podía resolver la situación con recursos propios y descartó la implementación de peajes adicionales.

Por ahora, el traspaso administrativo, la incorporación a AUBASA y el mecanismo definitivo de financiamiento siguen sin definirse.

La resolución judicial representa un nuevo revés para el futuro de la Autopista Presidente Perón, pero no resuelve el conflicto de fondo. Mientras Nación y Provincia discuten quién debe hacerse cargo de la infraestructura, 31 kilómetros continúan sin habilitación y una obra estratégica para la economía, el transporte y la conectividad regional permanece inconclusa.