“Si echan a los empleados, ¿por qué pagamos más?”

“Ya no hay gente en las casillas, nadie cobra. A ver cuánto sale el peaje”, expresó el automovilista mientras se acercaba a una estación de cobro en Entre Ríos.

En la grabación, mostró el funcionamiento del TelePASE y señaló que el importe para su vehículo ascendía a $10.861. A partir de esa experiencia, cuestionó el modelo de cobro que se extiende por las rutas argentinas.

“Se quedan sin empleados, pagan menos salarios, es todo más automatizado y debería ser más barato, pero es más caro”, afirmó.

El conductor puso así el foco en una de las principales críticas al sistema: la reducción de personal en las estaciones de peaje mientras los usuarios deben afrontar tarifas elevadas para circular.

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El avance del nuevo sistema de peajes

El Gobierno nacional impulsa la transformación de las rutas concesionadas mediante la Red Federal de Concesiones, que contempla la participación privada en la explotación y el mantenimiento de corredores viales financiados a través del cobro de peajes.

La iniciativa incorpora sistemas electrónicos como el TelePASE y la modalidad free flow, que permite registrar el paso de los vehículos sin que deban detenerse ante una barrera. El proceso modifica el funcionamiento tradicional de las estaciones y reduce la necesidad de contar con trabajadores en las cabinas de cobro.

El marco legal de las concesiones se encuentra en la Ley 17.520, modificada por la Ley 27.742, conocida como Ley Bases. Esta normativa habilita al Estado a otorgar concesiones de obras e infraestructura pública y permite recuperar inversiones y afrontar gastos mediante tarifas, peajes y otras modalidades de remuneración.

A su vez, el Decreto 196/2025 estableció disposiciones para avanzar hacia la automatización de los peajes en las rutas nacionales. De esta manera, el cambio tecnológico se integra a una política más amplia de concesiones viales.

Rutas construidas con fondos públicos

En su testimonio, el automovilista también cuestionó que los conductores deban pagar para circular por caminos cuya construcción y desarrollo contaron históricamente con recursos públicos.

“Todas estas rutas son rutas que las hicimos con nuestra plata”, sostuvo.

Su planteo apunta a quiénes financian la infraestructura y quiénes reciben los ingresos derivados de su explotación. En ese contexto, el sistema de concesiones vuelve a quedar bajo la lupa por el costo que representa para los usuarios y por las condiciones en las que las empresas administran los corredores.

El conductor también cuestionó la continuidad del modelo de peajes desde la década de 1990 y apuntó contra los distintos gobiernos por mantener un esquema que, según su mirada, no resuelve los problemas de fondo.

¿Quién controla lo que se cobra?

El reclamo también abre interrogantes sobre las tarifas, los costos operativos y el destino de los ingresos que genera el cobro de peajes. La automatización modifica la estructura de funcionamiento de las estaciones, pero no garantiza por sí sola que ese ahorro se traslade al precio que pagan los conductores.

Por eso, el debate no se limita a la incorporación de tecnología. También involucra las condiciones de las concesiones, los mecanismos de actualización tarifaria, las obligaciones de mantenimiento y el control estatal sobre las empresas que administran las rutas.

Mientras las cabinas tradicionales comienzan a desaparecer, los usuarios siguen enfrentando el costo de circular por los corredores concesionados. La pregunta que deja el testimonio es concreta: si hay menos trabajadores y el cobro se automatiza, ¿por qué los peajes no son más baratos?