por 7ma Medios
La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) dispuso la exclusión de 18 entidades de medicina prepaga y mutuales del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), en el marco de las auditorías y controles impulsados por el Gobierno nacional.
La medida forma parte de un proceso de depuración y reordenamiento del sistema de salud privado, iniciado durante la gestión de Javier Milei, que busca mantener en el registro únicamente a las organizaciones que acrediten actividad efectiva y el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa.
De acuerdo con las auditorías realizadas por el organismo, algunas de las entidades no desarrollaban actividades comprendidas por la Ley N.º 26.682, no contaban con afiliados activos o no habían presentado la documentación exigida.
“Garantizar reglas claras para los agentes y mayor seguridad para los usuarios”, sostuvo la Superintendencia de Servicios de Salud al explicar el objetivo de la depuración.
Antes de disponer las bajas, la SSS notificó e intimó a las entidades para que regularizaran su situación. Sin embargo, ante la falta de respuestas satisfactorias o el incumplimiento de los requisitos, el organismo rechazó las solicitudes de inscripción definitiva y avanzó con la baja de los registros provisorios.
Las resoluciones fueron comunicadas mediante edictos publicados en el Boletín Oficial, con el objetivo de informar sobre los procedimientos iniciados y las decisiones adoptadas.
La Superintendencia aclaró que las exclusiones no afectan a afiliados activos, debido a que las entidades alcanzadas no contaban con beneficiarios al momento de las inspecciones y tampoco ofrecían prestaciones efectivas.
Según la información oficial, con esta nueva tanda ya son más de 180 las entidades dadas de baja desde el comienzo del proceso de revisión.

La última resolución alcanzó a las siguientes organizaciones:
Las entidades figuraban con registros provisorios ante la Superintendencia y, según el organismo, no lograron acreditar las condiciones necesarias para permanecer en el padrón oficial.
Además de las 18 exclusiones, la Superintendencia declaró en situación de crisis a la Obra Social de Operadores Cinematográficos, identificada con el R.N.A.S. N.º 1-0460-3.
La decisión se tomó a partir de incumplimientos que, según el organismo, superaron los parámetros de criticidad establecidos por el Decreto N.º 1400/2001.
La evaluación detectó irregularidades en distintos aspectos de la entidad, entre ellos los prestacionales, jurídico-institucionales, contables, de atención a los beneficiarios y económico-financieros.
A partir de esta declaración, la obra social deberá presentar un plan de contingencia con medidas concretas destinadas a regularizar su situación.
Las áreas técnicas del Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis estarán a cargo del monitoreo de ese plan y de verificar el cumplimiento de las acciones comprometidas.
El proceso de depuración también alcanzó a una extensa nómina de empresas, mutuales, cooperativas y obras sociales que, según las resoluciones oficiales, no cumplieron con los requisitos para permanecer en los registros correspondientes.
Entre ellas aparecen Su Medicina Asistencia S.A., Instituto Panamericano de Salud S.A., Imedical S.A., Seres, Prepasa S.A., Grupo Proyectar S.R.L., Clínica Espora S.A., Emergencias Médicas Fueguinas S.A., SEM Olavarría S.R.L., Emergencia Médica Privada S.A., Sanatorios Acreditados Integrados S.A., Medinals S.A., Salud Total S.A., Confederada Salud S.R.L., Noba Pampa Salud S.R.L., Medicina Privada San Juan Bautista S.A., Centro Salud S.A., Mapfre Salud S.A. y Pangea S.A., entre muchas otras.
También fueron incluidas distintas mutuales y cooperativas de varias provincias, además de entidades vinculadas a servicios médicos, emergencias y cobertura asistencial.
Desde la SSS señalaron que la revisión apunta a evitar la permanencia de entidades que sólo figuran formalmente en los registros, pero que no cuentan con estructura operativa, afiliados o capacidad prestacional comprobable.
El organismo continuará con las tareas de fiscalización y revisión del padrón, en una estrategia que el Gobierno presenta como parte del reordenamiento del sistema de salud privado y del fortalecimiento de los mecanismos de control.