El Senado define hoy el futuro de la tierra

En una sesión que comenzará al mediodía y será la última antes del receso invernal, el oficialismo buscará convertir en ley un paquete de reformas que modifica de manera profunda el régimen de propiedad de la tierra en la Argentina. Tras tres meses de negociaciones, el Gobierno tendría los votos necesarios para avanzar con la iniciativa.

El proyecto elimina las restricciones vigentes para la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros. La normativa actual establece un tope del 15% sobre la superficie rural del país. De acuerdo con datos del Observatorio de Tierras, los capitales extranjeros ya controlan cerca del 5% del territorio, unas 13 millones de hectáreas.

Con la reforma, esas limitaciones quedarían eliminadas, incluso en departamentos donde la presencia extranjera supera el 40% o el 50%. El oficialismo logró sumar el respaldo de sectores aliados y bloques provinciales al otorgarles a las provincias la posibilidad de autorizar o rechazar las operaciones de venta.

El peronismo intentó frenar el capítulo vinculado con la extranjerización de la tierra, aunque al cierre de las negociaciones todavía no había reunido los consensos suficientes para impedir su aprobación.

“Es un proyecto de extranjerización del territorio. No es casualidad que quieran tratarlo en medio del Mundial: tienen que hacerlo cuando la sociedad está mirando para otro lado”, cuestionó el senador Wado de Pedro.

Cambios en expropiaciones y desalojos

La iniciativa también introduce modificaciones en el régimen de expropiaciones. El texto restringe el concepto de utilidad pública y eleva las indemnizaciones, una combinación que podría dificultar futuras recuperaciones estatales de activos estratégicos.

Uno de los ejemplos que aparece en el debate es la expropiación del 51% de YPF en 2012. Con un esquema similar al que propone el proyecto, aquella operación que permitió al Estado recuperar el control de la compañía y avanzar con el desarrollo de Vaca Muerta habría enfrentado mayores obstáculos.

A su vez, la reforma habilita los denominados desalojos exprés. Los jueces podrían ordenar la restitución inmediata de un inmueble sin esperar el dictado de una sentencia definitiva.

Otro de los puntos sensibles es la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta elimina restricciones para cambiar el destino de los terrenos afectados por incendios, una medida que genera cuestionamientos por el posible impacto sobre la especulación inmobiliaria.

36 pliegos judiciales

Además del proyecto sobre la propiedad privada, el Senado analizará 36 pliegos judiciales. Entre ellos se encuentra el de Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

El magistrado cumplirá 75 años a fin de mes y necesita un nuevo acuerdo de la Cámara Alta para continuar otros cinco años en el cargo. Pesino es uno de los jueces que dejó sin efecto la medida cautelar presentada por la CGT contra la reforma laboral.

Junto con la jueza Dora Martínez, revocó un fallo de primera instancia de Horacio Ojeda, que había suspendido la aplicación de 81 artículos de la reforma impulsada por el Gobierno. La decisión permitió la entrada en vigencia de buena parte del paquete laboral.

Con el Senado encaminado a aprobar la iniciativa, la sesión de este jueves se presenta como una de las últimas grandes definiciones legislativas antes del receso de invierno.