por 7ma Medios
El Gobierno nacional avanzó con una reforma en el mecanismo de designación de los integrantes de la Corte Suprema y otros cargos clave del Poder Judicial. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, modificaron las normas que desde 2003 regulaban el proceso de selección de magistrados.
La medida introduce cambios sobre los decretos 222 y 588, impulsados durante la presidencia de Néstor Kirchner con el objetivo de dotar de mayor transparencia a las designaciones y limitar la influencia política sobre los tribunales.
Entre las principales modificaciones figura la eliminación de las instancias de impugnación y participación ciudadana. Hasta ahora, los antecedentes y currículums de los candidatos eran exhibidos durante 15 días para que particulares y organizaciones pudieran presentar observaciones.
Además, los aspirantes debían presentar declaraciones juradas patrimoniales y detallar su participación en asociaciones civiles, sociedades comerciales, estudios jurídicos y la nómina de clientes vinculados a su actividad profesional.
"Lo que se pretende es simplificar el procedimiento y modernizar el sistema", sostienen desde el Gobierno.
La administración nacional argumenta que los cambios evitarán la duplicación de trámites administrativos y harán más eficiente el proceso. Sin embargo, la reforma elimina una de las herramientas de control implementadas hace más de dos décadas.
Otra de las modificaciones elimina la obligación de publicar las postulaciones y antecedentes de los candidatos en diarios de circulación nacional. A partir de ahora, la difusión quedará restringida a la página web del Ministerio de Justicia.
También dejan de regir las recomendaciones para que el Poder Ejecutivo contemple criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de proponer candidatos, aspectos que el decreto 222/03 consideraba necesarios para reflejar el carácter federal del país.
"Terminar con la práctica extendida de los gobiernos, que para tener gobernabilidad necesitan tribunales adictos", había señalado el expresidente Néstor Kirchner al presentar la norma original en 2003.
La modificación no sólo impactará en la elección de los futuros miembros de la Corte Suprema. Los cambios también alcanzarán al Procurador General de la Nación, al Defensor General y a los jueces de los tribunales federales inferiores, ya que el decreto 588 extendía esos mismos criterios de selección a otros cargos del sistema judicial.
La decisión se suma a antecedentes recientes en materia de designaciones. Durante su gestión, Milei impulsó los nombramientos en comisión del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema. Finalmente, García-Mansilla llegó a asumir, pero posteriormente presentó su renuncia en medio de cuestionamientos por el procedimiento utilizado.
Con esta nueva disposición, el Gobierno introdujo uno de los cambios más significativos en el sistema de selección de magistrados desde la implementación de las reformas impulsadas en 2003.