Fallo histórico ratificó que no se pueden exigir multas para renovar la licencia

Una decisión judicial sentó un antecedente relevante al ratificar que los municipios no pueden imponer el pago de multas de tránsito como requisito obligatorio para renovar la licencia de conducir.

La resolución fue adoptada por el Superior Tribunal de Justicia provincial, que declaró inadmisible un recurso extraordinario presentado por la Municipalidad de Paso de los Libres y dejó firme un criterio que limita este tipo de condicionamientos administrativos.

El conflicto judicial comenzó luego de que un vecino presentara un amparo tras no poder avanzar con el trámite de renovación por registrar deudas vinculadas a infracciones de tránsito. A partir de ese reclamo, la Justicia analizó la legalidad de una exigencia implementada a nivel municipal.

En el fallo, los magistrados remarcaron que la Ley Nacional de Tránsito establece requisitos específicos para renovar la licencia, como la verificación de antecedentes e inhabilitaciones, pero no contempla el pago obligatorio de multas como condición para realizar el trámite.

"Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda", afirmó el ministro Luis Eduardo Rey Vázquez en su voto.

Para el tribunal, la práctica cuestionada desnaturaliza el objetivo de la normativa vial al transformar una herramienta vinculada a la seguridad pública en un mecanismo de cobro.

Además, la sentencia advierte que exigir el pago de deudas para avanzar con la renovación afecta principios constitucionales como la legalidad, la razonabilidad y la libertad de circulación.

"El amparo es la vía adecuada para proteger el derecho afectado", sostuvo Luis Eduardo Rey Vázquez.

La resolución fue acompañada de manera unánime por los ministros Alejandro Alberto Chain, Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan.

Con esta decisión, el tribunal marcó un límite entre la facultad de sancionar infracciones y la obligación estatal de garantizar la emisión del documento habilitante para conducir, dejando establecido que una deuda económica no puede convertirse en un bloqueo automático para renovar el registro.