Embargo millonario por cloacas

La provincia de Buenos Aires presentará una apelación contra el embargo judicial por más de $157.000 millones dispuesto por la Justicia Federal para asegurar la realización de obras en la planta de tratamiento de líquidos cloacales que presta servicio a La Plata, Berisso y Ensenada.

La medida fue dictada por el juez federal de La Plata Alberto Recondo, quien ordenó inmovilizar esos fondos en una cuenta judicial hasta que se demuestre el inicio de los trabajos de saneamiento. La decisión apunta a garantizar la recuperación del sistema hídrico que desemboca en el Arroyo El Gato y el Río de la Plata, afectado desde hace años por descargas cloacales sin tratamiento.

Peritajes realizados por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata describieron un escenario crítico en la zona.

“El grado de contaminación es aberrante”, señalaron los informes técnicos elaborados por la casa de estudios.

Los estudios advierten que la situación ambiental se agravó con el paso del tiempo y que el vertido de efluentes sin tratamiento adecuado impacta directamente en la calidad del agua y en el entorno urbano de la Región Capital.

La respuesta del gobierno bonaerense

Desde la administración de Axel Kicillof cuestionaron la resolución judicial y anticiparon que la Fiscalía de Estado avanzará con una apelación. Según plantean, el fallo resulta inviable en el escenario actual de financiamiento.

“La sentencia es de imposible cumplimiento”, sostienen desde el gobierno provincial.

En la Provincia aseguran que el freno de las obras responde a decisiones de política económica del gobierno nacional y al recorte de fondos destinados a infraestructura.

De acuerdo con esa explicación, existen tres factores centrales que explican la paralización del proyecto: la interrupción de transferencias de capital desde Nación, el bloqueo de desembolsos de créditos internacionales —entre ellos de organismos como el BID y el Banco Mundial— y la caída de los recursos de coparticipación.

Ese escenario, afirman, obliga a priorizar gastos corrientes del Estado por sobre inversiones de gran escala en infraestructura sanitaria.

La decisión que deberá tomar la Cámara

El conflicto judicial ahora pasará a la Cámara Federal de Apelaciones, que deberá definir si mantiene el embargo dispuesto por el juez Recondo o si concede un plazo para que la Provincia presente un plan de obras.

La resolución será clave para determinar cómo se encauza uno de los problemas ambientales más persistentes de la Región Capital: el saneamiento del sistema hídrico que conecta el Arroyo El Gato con el Río de la Plata, un reclamo histórico de organizaciones vecinales y ambientalistas.