Inodoros, agua y represión frente al Congreso

Un grupo de ambientalistas de Greenpeace fue detenido tras realizar una protesta en el Congreso de la Nación Argentina contra la modificación de la Ley de Glaciares que el Gobierno impulsa en el Senado. La acción incluyó una intervención visual en las escalinatas del Palacio Legislativo y terminó con un fuerte operativo policial.

Los manifestantes sortearon las rejas del Congreso y se instalaron frente al edificio con inodoros y carteles que advertían:

“Senadores: no se caguen en el agua”, expresaron los activistas durante la protesta.

La reacción fue inmediata. Al menos una docena de personas fueron detenidas por efectivos de la Policía Federal Argentina. En medio del operativo, también resultó agredido y detenido un camarógrafo del canal A24, que registraba lo que ocurría en el lugar.

La protesta se realizó horas antes del debate en el Senado de la Nación Argentina, donde se busca avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares, una norma vigente desde 2010 que protege los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de agua dulce.

Según denunció Greenpeace, la iniciativa oficial —que ya obtuvo media sanción en Diputados— reduce los niveles de protección ambiental y habilita el avance de actividades extractivas, como la megaminería y los hidrocarburos, sobre zonas actualmente resguardadas. Además, cuestionó que el tratamiento legislativo se realice de manera acelerada y sin un debate público amplio.

El geólogo y glaciólogo Lucas Ruiz explicó los alcances de la reforma en diálogo con Radio 750:

“El principal problema es que la ley no busca precisar qué es ambiente periglaciar, sino delegar en las provincias qué quieren proteger y qué no”, afirmó.

Ruiz advirtió que este enfoque contradice el espíritu de las leyes de presupuestos mínimos ambientales:

“Son normas que necesitan un consenso a nivel país. Si cada provincia define a su manera, se rompe el estándar de protección”, señaló.

En ese sentido, alertó sobre un escenario de competencia entre provincias:

“Esto pone a las provincias a competir por quién protege menos para atraer inversiones mineras”, sostuvo.