Un país sin transporte

La Argentina podría amanecer sin transporte. La advertencia no es menor ni retórica: la Confederación General del Trabajo endureció su posición frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y dejó abierta la puerta a una medida de fuerza de alcance nacional, con impacto directo en trenes, colectivos y actividades clave.

El diagnóstico que expone la CGT es alarmante. Según datos difundidos por la central, en los últimos dos años se perdieron 300.000 puestos de trabajo formales, cerraron más de 21.000 pymes y, día tras día, desaparecen 400 empleos registrados. Un escenario que, aseguran, explica por qué millones de familias no logran llegar a fin de mes.

“En este país la situación laboral es absolutamente complicada. Se han perdido 300.000 puestos de trabajo formales y cada día se destruyen 400 más”, afirmó Jorge Sola, secretario general de la CGT.

El cierre reciente de la empresa Fate, que dejó a cientos de trabajadores en la calle, fue citado como un ejemplo más de un proceso que la central obrera define como “rompimiento del tejido social, productivo y laboral”. A ese cuadro se suman paritarias con techo, pérdida del poder adquisitivo, aumento de la informalidad y una inflación que —según remarcan— lleva meses sin desacelerar.

Desde la CGT también cuestionan el rumbo económico general. Señalan que la capacidad instalada de la industria trabaja por debajo del 50%, golpeada por una apertura importadora que califican de “indiscriminada”, mientras que el crecimiento se concentra en sectores como el financiero, la minería y la energía, con bajo impacto en la generación de empleo.

Pero el punto de quiebre es la reforma laboral. Para la central, el proyecto no moderniza el trabajo: lo precariza.

“Este proyecto conculca derechos individuales, debilita los derechos colectivos y genera una enorme transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los empleadores”, sostuvo Sola.

Según detalló, solo la baja de aportes patronales y el nuevo esquema de indemnizaciones implicaría una transferencia de 6.000 millones de dólares anuales, recursos que —advirtió— terminarían en el sector financiero. Todo, a cambio de promesas futuras de formalización y empleo que la CGT considera inviables.

“El costo lo va a pagar cada trabajador para obtener una promesa que este proyecto económico no va a cumplir”, remarcó.

La central también cuestiona que la iniciativa contradice principios básicos de la Constitución, como el carácter protector del derecho laboral y la progresividad de los derechos. Denuncian además la derogación de la ley de teletrabajo y el avance sobre trabajadores de plataformas, empujados a esquemas de monotributo sin relación de dependencia.

Frente a este escenario, la CGT insiste en una modernización distinta: con inversión productiva, incentivos para pymes, apertura económica controlada y diálogo social real. Y deja una definición política que anticipa el conflicto.

“No hay libertad posible sin justicia social. La economía debe estar al servicio del trabajador y no al revés”, concluyó Sola.