La Provincia pone plata y reglas al negocio de los colectivos

El gobierno bonaerense avanzó con un esquema propio de subsidios para sostener el transporte público de pasajeros. A través del Ministerio de Transporte, la Provincia puso en marcha el Régimen de Compensaciones Tarifarias destinado, principalmente, a las líneas de colectivos que operan en el AMBA y en jurisdicción provincial.

La decisión llega como respuesta directa a la reducción o eliminación de apoyos económicos por parte del Estado nacional. El objetivo oficial es dar previsibilidad al sector, evitar que los costos se trasladen de manera abrupta a la tarifa y garantizar la continuidad del servicio en un contexto de creciente tensión.

“Este régimen busca brindar previsibilidad al sistema y evitar un impacto directo en el bolsillo de los usuarios”, afirmaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense, que conduce Martín Marinucci.

El nuevo esquema quedó formalizado mediante la Resolución 18/26, ya vigente, que fija una serie de condiciones obligatorias para que las empresas puedan acceder y sostener los subsidios provinciales. Entre los requisitos se incluyen tener los seguros al día, cumplir con la Verificación Técnica Vehicular, respetar la antigüedad máxima de las unidades y garantizar la aplicación de los convenios colectivos de trabajo del sector.

También se exige la implementación del sistema SUBE, estar al corriente con los aportes previsionales al SIPA —con controles cuatrimestrales— y realizar la rendición detallada de los fondos recibidos. La normativa incorpora, además, un procedimiento de intervención estatal ante posibles incumplimientos.

En paralelo, la Resolución 19/26 aprobó el primer listado de empresas adheridas al régimen y definió los mecanismos de pago. Con esa medida, comenzó de manera efectiva la distribución de fondos provinciales.

“Se trata de ordenar un sistema que durante años funcionó sin controles claros ni reglas homogéneas”, señalaron fuentes oficiales del área de Transporte.

La iniciativa complementa el decreto que creó el régimen hacia fines de 2025 y se inscribe en un escenario complejo, marcado por advertencias de paro de la UTA y reconfiguraciones en la Secretaría de Transporte de la Nación. En ese marco, la Provincia busca sostener el servicio sin convalidar aumentos abruptos en el boleto, aunque con mayores exigencias hacia las empresas beneficiadas.

La apuesta oficial combina asistencia económica y control estatal. El resultado, advierten en el sector, dependerá menos del anuncio y más de su aplicación efectiva.