por 7ma Medios
Las denuncias que involucran a Julio Iglesias suman nuevos elementos que, de confirmarse, podrían ampliar la gravedad del cuadro judicial que lo rodea. Dos mujeres que se desempeñaron como empleadas en sus residencias del Caribe sostienen que, durante su vínculo laboral, habrían sido obligadas a realizarse estudios médicos ajenos a sus tareas, en un contexto que describen como de control, intimidación y temor.
Según una investigación periodística internacional, las denunciantes -que trabajaron en régimen interno en mansiones ubicadas en República Dominicana y Bahamas- relatan que los controles incluían pruebas de VIH, embarazo, enfermedades de transmisión sexual y ecografías ginecológicas. Aseguran que estos exámenes se habrían aplicado únicamente al personal femenino y durante el período laboral, no como requisito previo de contratación.
“Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual y ecografías. No me pareció normal”, afirmó Carolina, nombre ficticio utilizado para preservar su identidad.
Otra de las mujeres, identificada como Rebeca, sostuvo que nunca se explicitó el carácter obligatorio de los estudios, pero que el contexto laboral no dejaba margen para negarse.
“No dijeron que fuera obligatorio, pero estábamos trabajando ahí. Nadie dijo que no”, relató Rebeca.
De acuerdo con la documentación médica citada en la investigación, los estudios habrían sido realizados por el mismo profesional y sin que las trabajadoras abonaran los costos. Las denunciantes señalan que nunca se les habría solicitado un consentimiento informado, lo que, de comprobarse, podría configurar una vulneración de derechos laborales y personales.
Desde la Organización Internacional del Trabajo advirtieron que este tipo de prácticas, en caso de verificarse, serían discriminatorias.
“Las pruebas ginecológicas y de embarazo sin justificación constituyen discriminación por razón de sexo”, señalaron fuentes del organismo.
Las acusaciones no se limitan a los controles médicos. Las mujeres también denuncian presuntos abusos sexuales, acoso y uso indebido de poder por parte del artista, hechos que, según su relato, se habrían repetido durante su estadía laboral. Las presentaciones judiciales fueron realizadas en España y se encuentran bajo análisis de la Fiscalía, que deberá determinar la verosimilitud de los testimonios y la competencia jurisdiccional.
Las denunciantes explican que el silencio se extendió durante años por el peso simbólico y mediático de la figura denunciada.
“Hablar es una forma de decirles a otras víctimas que no están solas y que esto no les pasó solo a ellas”, expresaron.
El caso también generó repercusiones en el plano institucional. En España, distintos sectores políticos plantearon la posibilidad de revisar los reconocimientos otorgados al cantante, mientras que otras voces descartan esa alternativa y piden prudencia hasta que avance la investigación judicial.
Hasta el momento, Julio Iglesias no realizó declaraciones públicas sobre las acusaciones. El proceso se encuentra en una etapa preliminar y rige el principio de presunción de inocencia. La evolución del expediente y las eventuales resoluciones judiciales serán claves para esclarecer unos hechos que, por ahora, permanecen bajo investigación.