Maduro ante la justicia de EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció ante un tribunal federal de Nueva York tras ser trasladado a Estados Unidos en una operación militar que generó una inmediata controversia internacional. Durante la audiencia de imputación, el mandatario y su esposa, Cilia Flores, rechazaron los cargos de narcoterrorismo y conspiración formulados por la justicia estadounidense y se declararon inocentes.

Al tomar la palabra ante el juez Alvin Hellerstein, Maduro no solo confirmó su identidad, sino que definió el marco político y jurídico desde el cual decidió pararse frente al proceso.

“Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado en una acción militar de los Estados Unidos y me acojo a los tratados de Ginebra”, afirmó Nicolás Maduro ante el tribunal.

La declaración no fue un gesto retórico. La defensa sostuvo que el caso expone una violación directa a los principios del Derecho Internacional Público, en particular a la inmunidad de los jefes de Estado y a la soberanía de los países, consagradas en la Carta de las Naciones Unidas. Según esa lectura, la captura y traslado forzado del mandatario venezolano constituyen una acción ilegal contra un Estado soberano.

El abogado Barry Pollack, conocido por haber representado a Julian Assange, quedó a cargo de la defensa de Maduro. Desde el inicio, cuestionó la legitimidad del procedimiento.

“Se trata de un jefe de Estado soberano y tiene derecho a los privilegios e inmunidades que ese cargo confiere”, sostuvo Barry Pollack, al denunciar la “abducción militar” de su cliente.

La operación que derivó en la detención de Maduro y Flores fue ejecutada por fuerzas estadounidenses en Caracas y dejó decenas de víctimas fatales, según denuncias oficiales venezolanas. Ya en territorio norteamericano, el mandatario fue exhibido esposado y trasladado por la ciudad de Nueva York, imágenes que recorrieron el mundo y alimentaron las críticas por el trato dispensado a un jefe de Estado en funciones.

Desde Washington, el presidente Donald Trump defendió públicamente el accionar de sus fuerzas armadas y dejó un mensaje que profundizó la tensión global.

“Podemos hacerlo de nuevo. Nadie puede detenernos”, advirtió Donald Trump en una declaración televisiva.

Las reacciones internacionales no tardaron en llegar. China y Rusia reclamaron la liberación inmediata de Maduro y su esposa y denunciaron una violación grave del derecho internacional. En Europa, la respuesta fue más ambigua: mientras algunos gobiernos cuestionaron los métodos utilizados por Estados Unidos, otros insistieron en caracterizar a Maduro como un dictador, evitando una condena frontal a la acción militar.

El secretario general de la ONU, António Guterres, llevó el tema al Consejo de Seguridad y marcó una posición institucional.

“El mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales depende del compromiso de los Estados miembros con la Carta de las Naciones Unidas”, señaló António Guterres, al advertir que ese marco no fue respetado.

En paralelo, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales impulsaron movilizaciones en distintas ciudades europeas para repudiar la detención y expresar solidaridad con Venezuela. Desde Francia, una de las voces sindicales fue contundente.

“Exigimos la liberación del presidente venezolano y su esposa. Que sea el pueblo el que decida su destino, no Estados Unidos”, afirmó Pierre Marsein, secretario general de la CGT del Alto Loira.

El caso de Maduro se inscribe en una larga historia de intervenciones estadounidenses sobre líderes considerados enemigos, aunque esta vez el procedimiento fue abierto y sin eufemismos. Para sus críticos, el costo político de esa decisión todavía está por verse. Para sus defensores, el trasfondo es claro: el control de los recursos estratégicos de Venezuela, con el petróleo como eje central de una disputa que vuelve a poner en jaque al orden internacional.