¿Una muerte evitable o un desenlace inevitable?

El juicio por la muerte de Diego Maradona comenzó con tensión en los tribunales de San Isidro. Desde temprano, decenas de fanáticos se congregaron frente al Tribunal Oral en lo Criminal N°3 con un solo reclamo: "Justicia por Diego". En medio de cánticos y una batucada, arribaron los siete imputados, señalados por su presunta responsabilidad en el fallecimiento del astro del fútbol.

Los acusados enfrentan cargos por "homicidio simple con dolo eventual". Entre ellos están el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el enfermero Ricardo Almirón, su jefe Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna, la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini y el psicólogo Carlos Díaz. Al ingresar al tribunal, fueron recibidos con insultos y reproches por parte de los hinchas, aunque Luque, uno de los más señalados, pasó casi desapercibido debido a su cambio físico.

Acusación y defensa: dos posturas enfrentadas

La Fiscalía y la querella sostienen que los acusados fueron responsables de la muerte de Maradona al no brindarle el seguimiento médico adecuado durante su internación domiciliaria en Tigre. Según la acusación, desde el 11 hasta el 25 de noviembre de 2020, "no existió ningún tipo de control" sobre la salud del Diez. Para los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, la falta de asistencia fue equivalente a una condena a muerte.

Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina Maradona, reforzó la acusación y calificó la internación como "un plan inhumano de resultado eficaz". "Diego fue asesinado", sentenció. En la apertura del juicio, la Fiscalía describió la casa donde estaba Maradona como "un teatro del horror" y acusó a los profesionales de actuar "de manera deliberada".

Por otro lado, las defensas argumentaron que no hubo negligencia y que el cuadro cardíaco que llevó a la muerte del ídolo era imprevisible. Sostienen que los médicos cumplieron con su labor y que no existen pruebas que vinculen sus acciones con el fallecimiento. Los abogados adelantaron que pedirán la absolución de sus defendidos, asegurando que la internación se realizó sin que existieran signos de riesgo inminente.

El debate judicial se extenderá por casi cinco meses. Al final del proceso, el tribunal deberá decidir si se trató de un "crimen perfecto" o de un desenlace inevitable.